En abril de 2018 parecía que la historia de Nicaragua estaba a punto de repetirse como cuando cayó la dictadura de 45 años de la familia Somoza en 1979. Miles de estudiantes ocupaban las calles, las barricadas se multiplicaban en ciudades que durante años habían permanecido en silencio y, por primera vez desde su regreso al poder, Daniel Ortega enfrentaba una protesta nacional que escapaba al control del Estado. En las cancillerías occidentales y entre buena parte de la oposición comenzó a instalarse una pregunta: ¿cuánto tiempo más podía sobrevivir el régimen? Ocho años después, la respuesta sigue sorprendiendo. Ortega no solo sobrevivió. Consolidó una nueva arquitectura del poder que no se sabe cuánto tiempo durará.
La permanencia del régimen Ortega-Murillo no se explica únicamente por la represión. Tampoco puede entenderse solamente desde el control policial, militar o judicial. Su capacidad de sobrevivencia responde a un proceso mucho más largo: la construcción gradual, desde la apertura neoliberal de los años noventa, de un sistema en el que el poder político terminó controlando una economía de mercado, especialmente el sistema financiero, sin desmontarla. Esa combinación distingue al caso nicaragüense de los modelos cubano y venezolano y constituye una de las principales claves para comprender por qué la dictadura sobrevivió al levantamiento popular iniciado en abril de 2018.
La excepción nicaragüense
En la narrativa internacional, Nicaragua suele aparecer junto a Cuba y Venezuela como parte del grupo de regímenes autoritarios latinoamericanos. Sin embargo, detrás de esa clasificación existe una diferencia fundamental.
Mientras Cuba desarrolló una economía centralizada bajo control estatal y Venezuela avanzó hacia una creciente estatización de sectores estratégicos, Daniel Ortega escogió un camino diferente cuando regresó al poder en 2007. En lugar de desmontar las reformas económicas heredadas de los gobiernos liberales, decidió preservarlas y convertirlas en uno de los pilares de su modelo político.
Paradójicamente, la dictadura terminó construyéndose sobre la arquitectura económica creada por los gobiernos que sucedieron a la derrota electoral del sandinismo en 1990. Durante los dieciséis años de los gobiernos de Violeta Barrios de Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, Nicaragua profundizó la apertura económica, privatizó empresas públicas, liberalizó el sistema financiero y fortaleció al sector empresarial privado. Mientras tanto, el Frente Sandinista conservó una importante capacidad de influencia institucional desde la oposición.
El pacto político entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán en el año 2000 consolidó el control compartido de instituciones clave del Estado y preparó el terreno para el regreso del sandinismo al gobierno. Cuando Ortega volvió a la Presidencia en 2007 no destruyó ese modelo económico. Lo incorporó a su estrategia de poder.
El pacto con el gran capital
Durante más de una década el régimen construyó una relación de cooperación con el gran empresariado. El llamado modelo de diálogo y consenso permitió que el Gobierno y el sector privado compartieran espacios permanentes de negociación sobre política económica. El crecimiento macroeconómico, la estabilidad monetaria y la llegada de cooperación venezolana generaron un ambiente favorable para los negocios mientras el poder político se concentraba progresivamente en manos del Ejecutivo.
En paralelo, organismos multilaterales continuaron financiando proyectos de desarrollo y respaldando indicadores macroeconómicos estables. La combinación era inusual para un régimen autoritario: crecimiento económico, estabilidad financiera, cooperación internacional y creciente concentración política.
El verdadero soporte: la banca
La pieza menos estudiada de ese modelo fue el sistema financiero. La banca no nació con Ortega. Fue el resultado de las reformas estructurales iniciadas durante la década de 1990. El fin del sistema de Bretton Woods (acuerdo económico creado en julio de 1944 en New Hampshire, Estados Unidos. Su meta fue dar orden y estabilidad al dinero y al comercio del mundo tras la Segunda Guerra Mundial. Fijó el valor del dólar al oro y ató las demás monedas al dólar); la crisis de la deuda latinoamericana, el Consenso de Washington y la globalización financiera transformaron la relación entre los Estados y el capital privado.
Nicaragua siguió ese camino. Se autorizó la creación de bancos privados, desaparecieron instituciones estatales históricas como BANADES y el crédito pasó progresivamente al sector financiero privado. La crisis bancaria de comienzos de los años 2000 produjo una concentración aún mayor del sistema. Después de la intervención estatal sobrevivieron pocos bancos con una participación dominante en depósitos y créditos.
Aquella concentración terminó convirtiéndose, años después, en uno de los principales activos del propio régimen. Cuando Ortega regresó al poder no nacionalizó los bancos como hizo el sandinismo en los años 80. Comprendió que necesitaba un sistema financiero sólido para mantener estabilidad económica, atraer inversión y conservar abiertas las relaciones con el sistema financiero internacional. La banca dejó de ser un adversario y se convirtió en un aliado indispensable.
La economía como instrumento de gobernabilidad
Mientras el discurso político seguía apelando al legado revolucionario, la economía funcionaba bajo reglas propias del mercado. Los principales grupos empresariales continuaron expandiéndose. La cooperación venezolana, antes de la debacle tota del chavismo, aportó recursos extraordinarios. Los organismos multilaterales mantuvieron programas de financiamiento.
El Ejército conservó intereses económicos propios y la banca garantizó estabilidad monetaria. La dictadura construyó así una arquitectura económica distinta a la de Cuba y Venezuela: una economía de mercado sometida progresivamente a un poder político cada vez más concentrado.
Abril de 2018: la prueba definitiva
El levantamiento ciudadano iniciado en abril de 2018 puso a prueba todo ese modelo. La represión dejó cientos de muertos, miles de exiliados y un profundo aislamiento internacional. Sin embargo, el régimen no cayó. La explicación no parece encontrarse únicamente en la capacidad represiva del Estado. También debe buscarse en la estructura económica que había construido durante más de una década.
Mientras aumentaban las sanciones internacionales, la banca continuó operando, el sistema financiero permaneció estable y la economía evitó un colapso comparable al experimentado por otros países bajo sanciones.
Del consenso al control
Después de 2018 comenzó una segunda etapa. El régimen dejó de limitarse a negociar con los actores económicos. Comenzó a absorber espacios de autonomía. La concentración del poder culminó con las reformas constitucionales de 2025, que institucionalizaron la figura de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, modificaron la estructura del Estado y eliminaron, en la práctica, el equilibrio entre los poderes públicos.
Pero el cambio más profundo ocurrió fuera del foco mediático. El Ejecutivo avanzó sobre el sistema financiero. Las nuevas leyes otorgaron mayores facultades a la Superintendencia de Bancos para intervenir en la administración de las entidades financieras, supervisar movimientos de capital y ejercer un control mucho más amplio sobre el gobierno corporativo de los bancos. No fue una estatización, sino algo distinto: los bancos continuaron siendo privados, pero bajo una creciente tutela política.
La paradoja del dólar
Existe, sin embargo, una contradicción estructural. La economía nicaragüense continúa profundamente dolarizada. Los depósitos, el crédito empresarial y buena parte del comercio dependen del dólar y de los bancos corresponsales estadounidenses. Mientras esa dependencia exista, el régimen no podrá controlar completamente el sistema financiero sin afectar sus propias bases de estabilidad económica.
Allí aparece el nuevo equilibrio que intenta construir la dictadura. Incrementar el control político sin provocar una ruptura con el sistema financiero internacional; controlar la banca sin destruirla; conservar el mercado mientras concentra el poder.
La nueva dinastía criolla
Al mismo tiempo, el régimen dejó de descansar exclusivamente sobre el Frente Sandinista. La familia Ortega-Murillo fue ocupando posiciones estratégicas dentro del Estado, los medios de comunicación, las relaciones internacionales y distintos espacios económicos. Gradualmente el partido cedió protagonismo frente a un modelo patrimonial en el que las decisiones fundamentales comenzaron a concentrarse en un núcleo familiar. Ese proceso explica que la continuidad del régimen ya no dependa únicamente de una organización política, sino de una estructura de poder construida alrededor de la familia gobernante.
La pregunta ya no es únicamente cómo sobrevivió la dictadura después de 2018. La verdadera pregunta es cómo logró construir, durante casi tres décadas, una arquitectura económica suficientemente sólida para resistir una crisis política que en otros contextos habría provocado el colapso del régimen.
La respuesta obliga a mirar mucho más allá de la represión, sino más bien exige seguir el recorrido del dinero, pues quizá la principal innovación política del régimen Ortega-Murillo no fue sustituir el mercado por el Estado, sino convertir el mercado en uno de los instrumentos de supervivencia del propio Estado autoritario y familiar. En esa paradoja reside, probablemente, la principal diferencia entre Nicaragua y las experiencias cubana y venezolana.