Desde antes que el filósofo camerunés, Achille Mbembe, acuñara el termino necropolítica, en el 2003, como la capacidad de un Estado para dictar “quien debe morir y quien debe vivir”, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN en Nicaragua lo puso en práctica desde su primer gobierno dizque revolucionario de izquierda en la década de los años 80 luego de la derrota, con el apoyo de la población nicaragüense, de la dinastía de la familia Somoza, de derecha, que gobernó el país durante 45 años.
El nuevo gobierno “revolucionario” impuso el cambio total del Estado de derecho que se conocía hasta entonces, logrando decidir por las vidas de toda la población. Este sistema que cambió hasta los cuerpos de seguridad, como el ejército y la policía y los apellidó sandinistas para que no quedara duda sobre qué intereses gobernaría el nuevo Estado, aplicó una política selectiva de quien podría vivir sin problemas en el país y quien no.
La primera oleada de asesinatos por llevar la contraria a este movimiento fue dentro de sus filas cuando creó como corriente política “el sandinismo” que rescató el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, creado en los años 60, como la continuidad de la lucha de Augusto Sandino en contra de una de las invasiones estadunidenses en Nicaragua en los años 30.
Según jóvenes de entonces que se sumaron a ese movimiento en aquellos años, la duda o el arrepentimiento por el miedo de un “compañero de lucha”, debía considerar la muerte inmediata por su debilidad. No pocos murieron de esa forma, según registros e investigaciones sobre esa práctica en ese movimiento cuya consigna era “patria libre o morir”, distinta a la de su inspirador Augusto Sandino para quien el lema era “patria y libertad” con la figura de un yanqui con la cabeza cortada en su bandera roja y negra que también uso el FSLN.
A inicios de los años 70, cuando ese movimiento apenas contaba con unos cuantos guerrilleros, pero los suficientes para dividirse en tres tendencias: Guerra Popular Prolongada, GPP (original), Los Terceristas, guerrilleros con una postura más diplomática e inclusiva de otros sectores aliados de la política nacional opositores al régimen de Somoza y Los Proletarios, que curiosamente eran los hijos de gente de dinero de ese grupo armado, que cubrían la guerrilla urbana, se produjo la segunda oleada de quien vive y quien muere.
No uno ha contado las muertes selectivas que se dieron en esos años entre tendencias, práctica que ese grupo ha mantenido a lo largo de sus 65 años de permanencia en el país. Muchos han contado y confirmado que una de sus víctimas fue el mismo fundador del FSLN, cuando fue enviado a la montaña a finales de 1976 a procurar la “unidad” entre las tendencias y fue emboscado por la guardia de Somoza tras una denuncia de en qué lugar se encontraba de forma clandestina.
Y aunque la definición de necropolítica se refiere a “la capacidad del Estado para utilizar el poder político y social con el fin de dictar quien debe vivir y quien no”, el sandinismo en Nicaragua siempre convirtió la muerte de todo el que se le oponga, sea miembro de su movimiento, adversario o simple ciudadano, en un instrumento de control.
Este instrumento de control se acrecentó más que en la guerra contra Somoza, cuando tomó el poder en 1979, y ya en paz, asesinó a centenares de ex guardias rendidos y personas afines o denunciados como somocistas, durante y después de la insurrección.
Se cuentan cienes de historias de los que se atrevieron a denunciar esos asesinatos denominados “ajusticiamientos” que se hacían en los barrios delante de sus familiares. Testimonios dantescos dan cuenta de esos “ajusticiamientos” que en contextos de guerra suelen ser justificados como parte del castigo que merecían sus adversarios. Nunca el sandinismo ha negado que su consigna sea una simple retórica: patria libre o morir es y sigue siendo su herramienta de intervención para quienes no piensan como ellos.
Los métodos de muerte no solo significan desde la necropolítica la muerte física, también se incluyen la muerte civil como es la falta de oportunidades y de pérdida de derechos ciudadanos de quienes no piensan como el partido en el poder. Miles de profesionales fueron dados de baja en puestos de trabajo y negados a ejercer en Nicaragua durante los años 80 y durante ese partido fue oposición, en los años 90 y parte del 2000.
¿Cómo lograron seguir decidiendo sobre la vida o muerte de miles de nicaragüenses durante el sandinismo fue oposición? Creando cuerpos de resistencia armada a su favor como los “recompas”, Frente Unido Andrés Castro, entre otros grupos que, según se supo después, no eran más que el brazo armado del Frente durante los gobiernos liberales de Violeta Barrios, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, quienes juntos gobernaron durante 16 años y tuvieron que enfrentar a esos grupos armados en el campo.
En las ciudades, el sandinismo contaba con grupos de fuerzas de choque que, por cuotas de poder de su partido en el parlamento realizaban asonadas que paralizaban las ciudades sin apoyo popular. Durante este tiempo, cuentan entrevistados que a algunos recompas que fueron del ejército sandinista durante los 80 los mandaron a matar sus mismos compañeros por temor a que denunciaran quién estaba detrás de estos armados.
En la ciudad usaron a transportistas y estudiantes universitarios para supuestas luchas reivindicativas. Decenas de estudiantes quedaron sin piernas y sin ojos por balas disparadas por la Policía ex sandinista de origen en esos años y dos estudiantes fueron asesinados durante los disturbios en momentos en que la dirección de la Policía era dirigida por ex guerrilleros sandinistas ahora al servicio de los gobiernos neoliberales.
Desde el retorno del poder del sandinismo en el año 2007 hasta la fecha, la necropolítica se ha fortalecido. A pesar de la oposición popular al régimen de la mutación del FSLN convertido en una familia dinástica, con la presidencia de la pareja de Daniel Ortega y Rosario Murillo, este término para entender su práctica también ha incluido las siguientes características explicadas por Mbembe, que incluyen: vidas desechables, “cuando el Estado clasifica a ciertos sectores de la población como prescindibles”.
El gobierno de la pareja sandinista en Nicaragua, además de los más de 350 muertos que cita la CIDH como asesinatos de lesa humanidad propinados por el gobierno de Nicaragua durante el levantamiento popular de 2018; ocho presos políticos han muerto en la cárcel en estos últimos años, incluyendo al hermano de Ortega que fuera otrora fundador del actual ejército nacional, Humberto Ortega, que resultó muerto en su casa por cárcel sin atención médica., luego de declaraciones en contra de cómo ejercen el poder la pareja gobernante.
Ha desplazado al exilio forzado a centenares de ciudadanos considerados enemigos del sistema, entre los que se encuentran periodistas, sacerdotes, lideres de movimientos campesinos, mujeres y opositores de renombre, entre otros.
Otra arista de la necrofilia practicada por el régimen sandinista en el poder es el término: “control social”, el cual se ejerce a través de la “guerra, la esclavitud o el abandono institucional”. El sistema que ejerce el sandinismo dinástico en los últimos años es de guerra.
La práctica e imposición de una estrategia de guerra en el actuar de represión es comprobable al establecer métodos de muerte de centenares que se opusieron al régimen durante el levantamiento de 2018; de esclavitud al sostener prácticas de dominación y control excesivo a los trabajadores del Estado como si fueran empleados de un feudo; y el abandono institucional, pues solo gobiernan para sus seguidores.
En el país más del 70% de la población vive de empleos marginales y de autoservicio; sin contar que la economía es sostenida por gente que tuvo que migrar masivamente ante la falta de oportunidades en un país gobernado para un sector de adeptos al poder. Según datos de organismos internacionales más del 12% de la población a migrado.
Y un último elemento que incluye la necropolítica desde el Estado y que en la Nicaragua de la familia Ortega Murillo se ha consolidado es el referente a “la relación con la economía”, lo que se asocia a “sistemas que priorizan la acumulación de riquezas a costa de la vida y el bienestar humano”. No es secreto que la riqueza acumulada por la familia de poder en Nicaragua, ha incursionado en rubros otrora en manos de capital sostenido por empresas monopólicas nacionales o transnacionales.
Mientras el país sigue sin salir de los índices de pobreza macroeconómica de los años 90 cuando inició la deuda con los organismos multilaterales durante el neoliberalismo, los sectores dueños y priorizados por el poder como la banca, la explotación minera y algunos rubros de exportación como el café siguen enriqueciéndose; la población no alcanza para cubrir el mínimo de la canasta básica y depende de las remesas y de su trabajo informal marginal.
