La ira acumulada explotó. Dos eventos, aparentemente disímiles, en menos de una semana, sacaron al país de su aparente mutismo. Primero la gente protestó por la lentitud y falta de beligerancia del gobierno de Daniel Ortega por controlar la quema de la reserva Indio Maíz, lo que hizo estallar los ánimos a tal punto de crear un movimiento denominado “autoconvocados”, sirva o no la definición para este tipo de iniciativas, pues lo cierto es que para movilizar a la gente se requiere de experiencia organizativa y está bien, para eso existe un derecho consignado en la Constitución sobre la libertad de protesta; segundo, mientras el fuego se apagó, después de diez días y se llevó más de 5,000 hectáreas de bosque, las protestas volvieron a encenderse, esta vez por un decreto nocivo para los asegurados que el gobierno publicó con bombos y platillos.
Los puntos más difíciles de asimilar: el cobro del 5% del monto de su jubilación a ex trabajadores para ser atendidos en salud, aumento de las cotizaciones en tiempo y dinero, disminución del porcentaje de salario una vez logrado el límite de las cuotas, entre otros; mientras continúa la devaluación galopante del córdoba y sube sin cesar el alto costo de la canasta básica.
El descontento hacia el gobierno de Daniel Ortega que ya cumple un poco más de once años en el poder, ha sido casi silencioso, lo que no quiere decir que no hayan existido movilizaciones constantes en los territorios afectados por la ley del Canal Interoceánico, por las concesiones mineras o por las políticas coercitivas hacia todo lo que huela a oposición.
La estrategia del gobierno, desde el inicio para controlar el descontento que todavía no se expresa masivamente, fue la creación, desde el momento en que tomaron el poder, de fuerzas de choque de gente civil identificada con el sandinismo, las que han sido entrenadas para atacar a los que se rebelen en contra del régimen.
Al inicio también crearon expresiones organizadas de lo que quedó de organizaciones de base sandinistas; pero después de tres o cuatro años, estos grupos fueron cambiando de nombre, desde consejos del poder ciudadano, comités locales sandinistas, comités de familia, además de desbaratar toda expresión organizada del sandinismo de la revolución, y se quedaron con sus fuerzas de choque, al mejor estilo pandilleril: son violentos y están amparados, protegidos y resguardados por la Policía Nacional. La idea macabra parece ser: esta es una lucha entre gente del pueblo; pero, la gente sabe que éstos no representan a ningún segmento del pueblo, son pagados por su trabajo y se nota en su vestimenta, andan en motos, tienen protección para transportarse en este tipo de vehículos, circulan en grupo y provocan miedo.
En el imaginario popular, estén de acuerdo, les guste o no, ser sandinista para la gente es a como se vendió el ideal del “hombre nuevo” que la revolución construiría con valores de solidaridad hacia los más desprotegidos del pueblo; pero después de la pérdida de la revolución en 1990, lo que quedó con el sello “sandinista” fue el ala del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, liderada por Daniel Ortega.
La cúpula de este partido, mediante asonadas violentas que paralizaban el país, lograron negociar con el neoliberalismo de los 90, específicamente con el gobierno de Arnoldo Alemán, el control de los poderes del Estado desde la oposición, hasta su toma del poder en las elecciones del 2006, gobernando desde entonces, Daniel Ortega, mediante su reelección por tres veces consecutivas y protegiéndose para lograrlo de adláteres a su disposición vestidos de cuello blanco como diputados y magistrados por un lado, y por los pandilleros entrenados y pagados, sin cuello blanco, por el otro. Es decir, la base social para defender a este gobierno es un techo de cristal.
La mayoría del pueblo expresa su descontento por la reelección del danielismo; pero también su apoyo por algunas políticas públicas que benefician a sectores menos favorecidos; pero lo cierto es que los últimos dos acontecimientos: movilizaciones masivas en Managua y departamentos por la quema de la reserva Indio Maíz y el decreto anti jubilados, pusieron en jaque al gobierno, quien no ha desestimado en movilizar a sus matones, sin atender el costo político que esto representa y que tuvo su mayor expresión hoy (18 de abril) cuando éstos delincuentes desataron una batalla campal contra los manifestantes, quebraron vidrios en la UCA, golpearon a jubilados en León e hirieron a varios manifestantes y periodistas que protestaban y cubrían respectivamente la protesta pacífica en contra del lacerante decreto contra lxs trabajadores que pagan seguro social.
Manifestaciones en algunas ciudades bastiones del sandinismo como León y Matagalpa no se hicieron esperar. La más dura se registró en León, la primera capital de la revolución sandinista. Y lo que empezó como una protesta cívica por los derechos violados a los jubilados, se ha convertido en otra bandera de lucha contra la represión estudiantil y por la paz de parte de estudiantes de universidades estatales supuestamente controladas por el orteguismo.
¿Estaremos frente al inicio de un “basta ya” de orteguismo? o ¿tendremos que esperar que haya un muerto para que todxs protestemos como en el pasado?, lo cierto es que estamos de “sólo veme y no me toqués”, como dice el refrán popular.