El espejismo del castigo externo
El “maburrazo trumpista” no desvela a la dinastía Ortega Murillo. El orteguismo no gobierna esperando sanciones ni giros de la política estadounidense: gobierna siguiendo un manual probado en Nicaragua. El somocismo les enseñó que lo importante no es caer bien, sino durar; no es ganar elecciones limpias, sino controlar el aparato del Estado y sobrevivir al aislamiento.
Después de la captura de Nicolás Maduro y de su primera dama, muchos nicaragüenses —tanto dentro como fuera del país— lo vivieron como una oportunidad para que algo similar ocurriera en Nicaragua. ¿Puede ser? ¿No puede ser? Más que adivinanzas, vale la pena analizar escenarios.
1. Este análisis de contexto no pretende predecir lo que va a pasar, sino mirar hacia atrás en la historia de este país centroamericano, que nunca ha conocido plenamente la democracia y que, a través de su lucha, ha apostado una y otra vez por alcanzarla de una vez por todas. Sin embargo, la historia parece repetirse: una sucesión de hechos similares en los que cambian los actores y los contextos políticos, sociales y económicos, pero el fondo permanece igual. Al final, todo se reduce a la misma lógica: un simple “quítate tú para ponerme yo”.
2. El orteguismo se consolidó como modelo político, negociando a solas con todos los sectores del país durante fue oposición, luego de la derrota de su partido izquierdista, Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, en 1990, luego de encabezar una revolución armada contra 45 años de dinastía somocista, de corte liberal y aliada de Estados Unidos.
3. Pero, ¿qué noción de democracia tenían los partidos políticos en 1979, cuando triunfó la guerrilla sandinista? Ninguna. Desde la disolución de la Federación Centroamericana, Nicaragua no logró constituirse plenamente como una nación democrática tras su independencia del colonialismo español. A pesar de haber sido dotada en 1838 del mayor territorio del istmo centroamericano, el país era también uno de los más despoblados y diversos. La identidad nacional nunca terminó de construirse. En su lugar, el poder se organizó bajo lógicas de feudo, una forma de dominación que, con distintos nombres y actores, sigue vigente hasta nuestros días.
4. ¿Por qué es importante destacar este pasado? Porque sus ciudadanos, de manera incansable, han apostado incluso sus vidas por construir un país unificado, próspero, seguro y —en teoría— democrático. Sin embargo, la democracia ha terminado siendo una palabra hueca. Nicaragua ha atravesado más de treinta años de gobiernos conservadores, más de una década de revolución liberal, cuarenta y cinco años de dinastía liberal, veintiséis años de control sandinista desde los poderes del Estado —incluido un período de dieciséis años presentados como “democráticos”, pero sostenidos por el control armado de la Policía y el Ejército— y, finalmente, dieciocho años de orteguismo.
El resultado no ha sido la consolidación de la democracia, sino la reiteración de un mismo patrón de poder que se recicla bajo distintos nombres.
Del Sandinismo al orteguismo: fraude, reelección y demolición constitucional
5. ¿Cuál es la diferencia entre sandinismo y orteguismo? Para muchos, ninguna. Sin embargo, el orteguismo se transformó en una dinastía y terminó por vaciar y hacer desaparecer al partido que le dio cobijo tras el triunfo sandinista contra Somoza en 1979. Y es precisamente ahí donde la lógica cambia: el movimiento dio paso a un proyecto personal de poder, concentrado y hereditario.
6. El orteguismo, desde su retorno al poder en 2006 mediante unas elecciones amañadas, negociadas con partidos veleta y sin haber terminado de contar el 8 % de los votos, se consolidó rápidamente en el control del Estado. Se asoció con el sector bancario y con el gran capital de rubros estratégicos como el café, la ganadería y el oro, entre otros. Al mismo tiempo, se presentó como un alumno ejemplar del Fondo Monetario Internacional, ofreciendo concesiones generosas a transnacionales de cualquier país que las solicitara. Todo ello se inscribió dentro de un largo catálogo de políticas neoliberales dictadas por Estados Unidos a través de los organismos multilaterales.
7. Antes de cumplir su primer año en el poder, en 2008, el orteguismo cometió fraude en las elecciones municipales, se apropió de alrededor del 70 % de las alcaldías y avanzó en la modificación de la Constitución, que hasta entonces prohibía la reelección. Mediante una maniobra jurídica maniquea y, por lo tanto, profundamente violenta contra el orden democrático, se decidió que Daniel Ortega podía reelegirse indefinidamente.
Quienes facilitaron esta ruptura del orden constitucional fueron los magistrados de la hoy inexistente Corte Suprema de Justicia, absorbidos por la lógica de la dinastía orteguista. La Corte, como institución independiente, dejó de existir.
8.Construir una dinastía no es difícil en un país de caudillos, la categoría más cercana a una dinastía criolla. Caudillos provincianos han existido muchos, pero dinastías criollas solo dos: el somocismo y el orteguismo.
El diseño del poder absoluto (2007–2011)
9. Por eso, comparar la salida a la crisis democrática de Nicaragua con otras experiencias, como la cubana o la venezolana, resulta problemático. Con la familia Ortega Murillo en el poder desde 2007, el caso nicaragüense constituye un estudio profundamente peculiar. Conviene empezar por el principio:
a) Cuando Daniel Ortega asume el poder en 2007, lleva como vicepresidente a Jaime Morales Carazo, primer jefe de la contrarrevolución —el movimiento campesino armado contra el sandinismo y financiado por Ronald Reagan en los años ochenta—. Su esposa, Rosario Murillo, jefa de campaña en esas elecciones, asume como responsable de la comunicación del nuevo gobierno. En ese momento, aún operaba como la sombra política de su marido.
Aunque existían partidos que sumaban mayoría en la Asamblea Nacional, desde el primer día el orteguismo infiltró operadores y traidores en las bancadas opositoras. La estrategia no era nueva: dividir para vencer. Ya les había funcionado en las elecciones de 2006, cuando la fragmentación del Partido Liberal permitió a Ortega ganar con apenas el 38 % de los votos.
b) En menos de un año, mediante una fórmula legal forzada, lograron habilitar la reelección de Ortega y, además, convertir en vitalicios los cargos de los responsables de la seguridad nacional e interna: la Policía y el Ejército. De ese modo, el control de las armas quedó bajo su dominio. Para justificarlo, reivindicaron que ambas instituciones habían sido creadas por “su revolución sandinista”, devolviéndoles un carácter ideologizado similar al que tuvieron tras el triunfo revolucionario de 1979.
c) Recién asumido el poder, el orteguismo desmontó una experiencia conocida a nivel nacional como los Consejos del Poder Ciudadano, un intento de democracia participativa y descentralización del Estado en el contexto de la globalización, donde Nicaragua había sido presentada como ejemplo del lema “pensar globalmente, actuar localmente”. Estos consejos funcionaban en las alcaldías y estaban integrados, en su mayoría, por antiguos líderes de base del sandinismo.
Fueron eliminados de la institucionalidad y sustituidos por los Comités del Poder Ciudadano, bajo la consigna de “el pueblo presidente”, que en la práctica no eran más que estructuras partidarias territoriales: verdaderos “alcalditos del partido” en cada comunidad.
d) El movimiento sindical, que había sido controlado por el sandinismo durante los años de oposición (1990–2006), como la Central Sandinista de Trabajadores, pasó a ser subordinado al Frente Nacional de los Trabajadores del Estado. Esta estructura fue liderada por Gustavo Porras —médico, no obrero—, hoy presidente incondicional de la Asamblea Nacional.
e) Con recursos del Estado, el orteguismo adquirió medios de comunicación de alcance nacional y colocó al frente de ellos a tres de los hijos de Ortega y Murillo. La radio de mayor audiencia ya estaba en manos del partido incluso antes del retorno al poder.
f) Así, durante el primer período de gobierno (2007–2011), Ortega ya concentraba el control de las armas, una Asamblea fragmentada y subordinada, la mayoría de las alcaldías, las bases del llamado poder ciudadano, los sindicatos oficialistas y varios medios de comunicación masivos. Todo ello fue consolidando, desde el inicio, un proyecto de poder familiar y dinástico.
Segundo mandato con ex jefe militar: represión tolerada desde arriba y sentida desde abajo
10. En las elecciones de 2011, el FSLN llevó como vicepresidente al exjefe del Ejército, Omar Halleslevens. Al igual que en el período anterior, Rosario Murillo se mantuvo como jefa de comunicación y sumó el cargo de coordinadora del Consejo de Ministros. Durante este mandato, el auge económico impulsado por la alianza con Venezuela permitió el enriquecimiento de ciertos sectores de la empresa privada, incorporados como aliados del gobierno en rubros estratégicos como la exportación de ganado y frijoles negros hacia ese país.
A cambio, Venezuela suministró petróleo en condiciones preferenciales para el refinamiento de sus derivados. Sin embargo, Nicaragua no llegó a depender completamente del crudo venezolano, ya que empresas como Esso y Chevron continuaron refinando petróleo en el país. Fue una estrategia previsoria: no apostar toda la estabilidad energética a un solo aliado.
11. La banca nacional, que había quedado prácticamente en bancarrota durante los gobiernos liberales previos al retorno del sandinismo, entró en una etapa de bonanza y recuperación gracias a su alianza con el gobierno autodenominado “socialista, cristiano y solidario”, nombre adoptado en este segundo mandato. Los grandes empresarios del país pasaron a cogobernar con el orteguismo y no dudaron en calificar el proyecto como “exitoso”.
El Ejército, que además administra recursos financieros en los mercados bursátiles internacionales y cuyo vicepresidente formaba parte del Ejecutivo, se fortaleció y respaldó sin fisuras al presidente. Dinero y armas quedaron bajo el control de la ya conocida familia ORMU: Ortega Murillo.
12. La primera represión masiva del nuevo gobierno se produjo en 2008, tras el fraude en las elecciones municipales, que permitió al orteguismo apropiarse de más del 80 % de las alcaldías. Sin embargo, ese episodio no tuvo mayores consecuencias. Para el período comprendido entre 2011 y 2015, las élites que controlaban el poder económico y militar no lo consideraban un problema: estaban satisfechas con el crecimiento de su capital y, en el caso del Ejército, con sus empresas consolidadas en Wall Street y con una jefatura vitalicia de absoluta confianza.
13. Pero en la base social la realidad era distinta. La población sentía la represión de manera directa. Los jóvenes estaban frustrados por el control político en universidades y colegios estatales, vigilados por el partido sandinista. En las empresas públicas, los trabajadores eran supervisados y expulsados si manifestaban opiniones contrarias al gobierno.
En este período aparecieron los temidos “motorizados”, grupos de choque que no eran más que matones sueltos encargados de intimidar a la población. Operaban en barrios urbanos y zonas rurales, bajo la cobertura del llamado “poder ciudadano”, sembrando miedo entre quienes ya resentían el avance sistemático de la represión.
2016: el fraude que normalizó la dinastía y su quiebre en abril del 2018 con el levantamiento popular
14. Las elecciones de 2016 se desarrollaron en un clima de alta tensión y estuvieron marcadas por un fraude descarado que permitió al eterno Daniel Ortega mantenerse en el poder, esta vez con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta. A pesar del robo electoral, el régimen mantuvo una fachada de legalidad permitiendo la existencia formal de algunos partidos opositores. Miles de organizaciones no gubernamentales —de mujeres, campesinos y profesionales críticos del régimen— continuaron denunciando las arbitrariedades del gobierno, sin lograr revertir por la vía pacífica la creciente concentración de poder en manos de la familia Ortega Murillo.
15. Los medios de comunicación opositores, que históricamente habían documentado los abusos del régimen, aún operaban bajo un sistema que conservaba ciertos márgenes de libertad de expresión. Las prácticas represivas y los vicios del gobierno eran denunciados abiertamente, sin que los medios oficialistas lograran contrarrestar esas voces con sus panfletos propagandísticos. Mientras la situación se deterioraba para la población y la oposición, el régimen y sus aliados —la gran empresa privada local y las transnacionales— continuaban beneficiándose.
16. Un año después de asumir por tercera vez el poder, en enero de 2017, con Rosario Murillo como vicepresidenta —un caso inaudito de concentración familiar del poder—, estalló el primer levantamiento popular, cívico y masivo en abril de 2018. Amplios sectores de la población perdieron el miedo y salieron a las calles para exigir, en primer lugar, un modelo democrático y el rechazo a políticas neoliberales que afectaban directamente a los asegurados.
Lo que comenzó como una demanda legítima, a la que se sumaron estudiantes, trabajadores y ciudadanía en general, fue respondido con una represión brutal por parte del Estado. En el primer mes, decenas de estudiantes y ciudadanos comunes fueron asesinados por la Policía, el Ejército y los llamados “motorizados”, sicarios al servicio del régimen.
17. En el segundo mes de las protestas, la movilización se extendió a casi todo el territorio nacional y abarcó múltiples sectores sociales. Durante ese período, el régimen activó estrategias heredadas de su experiencia guerrillera: infiltró agentes en la revuelta popular, ejecutó asesinatos durante las marchas con apoyo del Ejército y diseñó una estrategia de terror a escala nacional. Grupos de sicarios sandinistas fueron utilizados para instalar la narrativa de un enfrentamiento entre bases sandinistas y opositoras, ocultando la responsabilidad directa del Estado.
18. El régimen nunca reconoció que el Ejército y la Policía estaban a la vanguardia de estos grupos armados. Sin embargo, organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lograron documentar la represión y registraron más de 350 asesinatos atribuibles al gobierno, que fue señalado por la comisión como responsable de crímenes de lesa humanidad.
19. El tercer mes de protestas fue el más brutal. Noventa días de resistencia lograron paralizar el país y, con ello, su economía. Para entonces, el aparato represivo del gobierno ya estaba plenamente organizado y, mediante la llamada “operación limpieza”, logró aplastar un movimiento popular que carecía de apoyo económico y de armas para defenderse.
Rosario Murillo, el poder omnipresente: orden económico, terror político y el FMI como garante externo
20. La estrategia de guerra implementada por el gobierno de Daniel Ortega fue efectiva. A partir de entonces, emergió con mayor fuerza que nunca la figura de Rosario Murillo, esposa del presidente y vicepresidenta en su segundo período consecutivo. Murillo se volvió omnipresente: aparecía a diario en los medios oficiales emitiendo partes sobre el control de la supuesta “estabilidad” del país, consolidándose como uno de los principales rostros del poder hasta la actualidad.
21. Luego de casi ocho años del levantamiento de abril de 2018, no ha habido un solo día en que el control del llamado danielismo-murillismo haya cesado en su política de represión frente a cualquier acción que ponga en riesgo el modelo autoritario. Centenares de personas fueron encarceladas, liberadas y posteriormente expatriadas: primero líderes de la oposición y, más tarde, ciudadanos comunes que expresaban su descontento. Periodistas y sacerdotes críticos del régimen también fueron expulsados del país, entre otras múltiples medidas de control selectivo sobre personas y sectores sociales.
22. Ese fue el clima permanente durante el primer período formal de la vicepresidencia de Rosario Murillo (2016–2021): represión sistemática, asesinatos, presos políticos, desaparecidos y expatriados. Todo ello mientras el régimen presionaba a la empresa privada y al sistema financiero para que cumpliera las exigencias de la macroeconomía, evitando así el colapso económico del país.
23. La intensidad de la represión ha variado según las necesidades políticas del régimen, pero sin alterar el modelo neoliberal impuesto desde los años noventa. La macroeconomía nicaragüense se mantiene como una de las más estables de la región, con evaluaciones positivas por parte del Fondo Monetario Internacional.
La desaparición de los poderes del Estado, Estado empresario y control económico estratégico
24. Durante estos años, el control del Estado avanzó hasta la desaparición práctica de los poderes públicos. Todos quedaron subordinados al Ejecutivo, que pasó de una estructura formal de presidente y vicepresidenta a la designación de Rosario Murillo como copresidenta, una figura inexistente dentro de cualquier modelo democrático institucional.
25. En el ámbito económico, el gobierno sigue de manera estricta las directrices del FMI: fortalecimiento de la macroeconomía, solidez del sistema bancario, pago puntual de la deuda externa y libertad de acción para empresas nacionales y extractivas bajo control estatal, del cual el propio gobierno forma parte activa. El Estado controla sectores estratégicos como la distribución de energía eléctrica y la explotación minera, entre otros.
26. Aunque productos clave como el café, el ganado, los granos básicos, la carne y los derivados lácteos permanecen formalmente en manos privadas, es el gobierno quien actúa como intermediario principal en su acopio, compra, venta y control de precios en el mercado interno y externo.
27. En materia fiscal, el régimen ha logrado que todas las instituciones del Estado actúen de manera coordinada para vigilar el cumplimiento tributario: desde el pago de impuestos municipales, como la recolección de basura, hasta las obligaciones ante la Dirección General de Ingresos. Nadie queda exento, ni siquiera los adeptos al régimen, que viven bajo el temor de represalias si se niegan a pagar, en un país históricamente marcado por la evasión fiscal.
28. Mientras la represión continuaba, uno de los episodios más recientes y significativos fue la acusación de corrupción contra altos mandos del sandinismo histórico. Entre ellos, Bayardo Arce, exasesor económico de la Presidencia, exdiputado sandinista y exmiembro de la Dirección Nacional del FSLN, acusado y juzgado por lavado de dinero. A esto se sumó la detención de Álvaro Baltodano, ex coronel retirado del Ejército sandinista y excoordinador de las zonas francas durante los gobiernos de Ortega, así como otros ex altos mandos militares acusados de “traición a la patria”.
Elecciones sin oposición; exilio como política de Estado, desmantelamiento total de la sociedad civil, presos liberados, represión intacta
29. Si bien la represión se mantuvo constante desde 2018 contra todos los sectores críticos del régimen, su recrudecimiento se hizo evidente durante la preparación de las elecciones de 2021. Algunos opositores que habían sido excarcelados y exiliados regresaron al país para participar en el proceso electoral. Varios de ellos se autoproclamaron candidatos de los pocos partidos que aún conservaban personería jurídica, dispuestos a competir incluso frente a un FSLN acusado de crímenes de lesa humanidad.
30. Tras algunos meses de campaña, de manera abrupta y con el respaldo de la bancada sandinista en la Asamblea Nacional, estos partidos fueron despojados de su personería jurídica. Sus candidatos y líderes fueron detenidos y acusados de traición a la patria. Con ello, el camino quedó despejado para la realización de unas elecciones sin competencia real, en las que solo participaron Ortega y Murillo.
31. Fue en este período cuando los poderes del Estado desaparecieron formalmente y sus funciones fueron absorbidas por el Ejecutivo. Posteriormente, varios de los líderes opositores detenidos fueron liberados y expatriados a Estados Unidos; otros partieron hacia Costa Rica y España.
32. Los medios de comunicación opositores fueron cerrados y confiscados, y más de cuatro mil organizaciones no gubernamentales fueron desarticuladas. El objetivo fue claro: no dejar ningún espacio de organización independiente ni de disidencia social.
33. Con la oposición interna desarticulada, los medios operando desde el exilio y una sociedad civil desmantelada, entre 2023 y 2025 fueron liberados más de 200 presos políticos y decenas de personas desaparecidas. Sin embargo, según organizaciones de derechos humanos, aún permanecen alrededor de 60 presos políticos, en su mayoría vinculados al sandinismo orteguista de los últimos años.
Dinastía hereditaria consolidada: los intocables del régimen, un país sin alternativa interna
34. El secuestro de Nicolás Maduro a inicios de enero de este año coincidió con la captura de Bayardo Arce, el último miembro activo de la extinta Dirección Nacional del FSLN. Mientras tanto, cinco de los ocho hijos de la pareja presidencial controlan carteras estratégicas del modelo económico, comunicacional, informativo, turístico y deportivo del país.
35. Junto a la familia presidencial, otros actores intocables —aliados desde el inicio del gobierno de Ortega en 2006— ocupan posiciones clave. No provienen necesariamente del sandinismo histórico, sino que actúan como delegados de absoluta confianza en la Asamblea Nacional, el Banco Central y las alcaldías, todas subordinadas al Ejecutivo.
36. En síntesis, Nicaragua se encuentra bajo un modelo de partido único y dinástico, con una oposición fragmentada en el exilio que no representa a sectores concretos ni presenta un proyecto político capaz de canalizar el descontento popular generado por la ausencia de libertades públicas y privadas.
Estados Unidos, el FMI y la tríada autoritaria
37. Este es el escenario con el que hoy lidia Estados Unidos frente a la llamada tríada de regímenes autoritarios de izquierda: chavismo, orteguismo y castrismo. Todo esto ocurre mientras el FMI publica informes extraordinariamente positivos sobre la economía nicaragüense, documentos que, para muchos analistas opositores en el exilio, parecen más cercanos al discurso oficial de la autodenominada copresidenta Rosario Murillo que a una evaluación técnica independiente.
38. ¿Qué le espera a Nicaragua en este nuevo año electoral? Por un lado, una oposición externa, similar a la cubana de los años sesenta; por otro, un Daniel Ortega de 80 años, descrito por analistas como cansado y enfermo, respaldado por una familia cohesionada que controla a su antojo los hilos del poder económico con la venia del FMI. Y al centro, Rosario Murillo: una figura ampliamente rechazada, pero que gobierna un país de casi siete millones de habitantes como un feudo personal.
Como siempre, el tiempo tendrá la última palabra en una nación que sueña con ser democrática, a pesar de no haber vivido nunca en una democracia plena.