Con la candidatura del escritor de origen político sandinista, Sergio Ramírez, a ocupar la silla L de la Real Academia Española (RAE), en sustitución del también escritor político de derecha y ex candidato a la presidencia del Perú, Mario Vargas Llosa (qepd), se abre la polémica, en el caso de Nicaragua, sobre si apostar por defender lo que queda en la oposición y en el exilio del «sandinismo bueno» o menos dogmático que la línea que gobierna Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo desde hace más de 19 años, acusados desde 2018, tras el levantamiento cívico, de ser criminales de lesa humanidad.
Esa acusación de «criminales de lesa humanidad» fue la que el sandinismo en el poder en los años 80 logró sortear para no reconocer los abusos cometidos durante su revolución social, que terminó en una experiencia traumática de guerra civil entre campesinos descontentos con el régimen y el estilo autoritario socialista que impuso esa corriente. La guerra alcanzó ribetes internacionales por el apoyo económico que recibió la contra de la administración de Ronald Reagan. Lo mencionamos ahora porque sus secuelas han resucitado con la candidatura de Ramírez a la RAE.
Es decir, las heridas de una experiencia sangrienta vivida hace cuatro décadas no se han cerrado, y lo observamos en los comentarios de quienes acusan al escritor de ser responsable de la muerte de miles de jóvenes nicaragüenses obligados al servicio militar «patriótico», nombre que se dio entonces a una ley coercitiva y arbitraria aprobada en 1983, que convirtió legalmente a jóvenes de 16 años en mayores de edad para ir a una guerra que no les pertenecía, pues se libraba entre un Estado, el sandinismo, y una fuerza irregular que luchaba contra sus políticas.
Ramírez, para entonces, era uno de los tres que quedaban, junto a Daniel Ortega, como representante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la llamada Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, integrada inicialmente por personas que habían apoyado la lucha contra la dictadura de Somoza y su salida por la vía armada en 1979. Entre estos estaban: Daniel Ortega (FSLN), Violeta Barrios de Chamorro (independiente), Sergio Ramírez (Grupo de los Doce/FSLN), Moisés Hassan (Movimiento Pueblo Unido) y Alfonso Robelo (Movimiento Democrático Nicaragüense).
Todos ellos, menos Ramírez, no concluyeron el periodo de transición por contradicciones políticas. Fue Daniel Ortega, por el FSLN, quien se presentó como candidato con Ramírez como vicepresidente en las elecciones de 1984, ya en plena guerra, denominada «la guerra de la contra».
La guerra terminó con acuerdos en 1990, luego de la derrota del FSLN en unas elecciones realizadas bajo presiones internacionales y el desgaste de la guerra interna. La contra se desarmó y la población esperaba con ansias que se derogara el servicio militar obligatorio. No fue posible, porque los candidatos que buscaban reelegirse, Daniel Ortega y Sergio Ramírez, no lo consideraron necesario. Muchos coinciden en que esa decisión fue la causante de la derrota del sandinismo de entonces.
Ramírez siguió siendo parte del sandinismo ortodoxo como diputado por ese partido en el parlamento, ahora en manos de los ganadores, pero con mayoría sandinista. Incluso fue nombrado miembro de la Dirección Nacional del FSLN en uno de los congresos posteriores a la derrota electoral. Sin embargo, rápidamente, junto a otros sandinistas de origen guerrillero como Dora María Téllez, dividió al partido original, creando el Movimiento Renovador Sandinista (MRS). No fue por diferencias ideológicas, pues reivindicaban todo lo hecho por «su» revolución, sino por cuotas de poder que consideraban injustas ante la presencia permanente de Ortega como secretario general del FSLN.
Recuperar el nombre «sandinista» en su nuevo partido dejaba claro que la línea ideológica seguía intacta: métodos cerrados de escogencia de adeptos, recuperación de políticas públicas de la revolución sandinista, una línea abiertamente izquierdista, entre otros vicios propios de partidos autoritarios.
Ramírez nunca negó sus aspiraciones de poder y fue candidato por su partido en las elecciones de 1996, cuando más de doce candidatos participaron. Ganó el Partido Liberal Constitucionalista y el FSLN quedó en segundo lugar. Nadie recuerda esto porque sería negar la postura actual de quienes sostienen que Ramírez es más escritor que político.
No se trata de quitarle méritos literarios, sino de preguntar: ¿por qué la RAE, una instancia meramente académica, nombra a políticos para representar su labor erudita? Y no importa su ideología: Vargas Llosa era de derechas y quiso ser presidente de Perú.
Llama la atención que los intelectuales no suelen ser atractivos para las masas votantes; cuando participan en contiendas electorales casi nunca ganan, pero sí son voces tomadas en cuenta para eventos políticos según la necesidad de quienes ostentan el poder, gobiernen o no. Ese es el caso de lo que ha desatado la candidatura de Ramírez.
No pretendemos con esta línea de sucesos quitar méritos al escritor nicaragüense; al contrario, sería la oportunidad de aclarar cómo mezcló su postura política acompañando férreamente en el poder a una dictadura al estilo de la «dictadura del proletariado» que defendían la izquierda como salida para la reivindicación de las clases populares durante los años 80 y buena parte de los 90.
Ramírez sostiene que no tuvo responsabilidad en las decisiones que tomó el Estado sandinista en los 80 como vicepresidente. Dice que no sabía de los excesos y violaciones a los derechos humanos, de las masacres confirmadas, de los asesinatos de campesinos civiles acusados de colaborar con la contra, de los presos políticos de los 80, en fin. Si otros lo sabían y lo denunciaban en los medios opositores de entonces, cuesta creer que un vicepresidente, que ha dicho que sí ejerció como tal, no lo supiera.
Volvamos al tema de lo que ha provocado esta candidatura, que ha puesto a cada quien en el lugar que quiere ocupar dentro de la crisis política que vive Nicaragua. Muchos esperan que esta aspiración a la silla L coloque sus posturas en la agenda política internacional y procure al país una salida del régimen actual. Han salido en su defensa y detracción: oportunistas, opositores, serviles, impíos, entre los más destacados, que además son políticos, escritores y académicos.
Algunos dicen: «lo político no debe manchar su obra literaria»; otros: «eso ya pasó, ahora es opositor». Y muchos nos preguntamos: ¿hasta cuándo se reconocerá un talento que no defienda posturas políticas de ningún signo, no use propaganda para hacerse ver o no sea amigo de X poder para ser premiado?
De todas maneras, lo más importante es reconocer que la herida de la guerra de los 80 y el dolor que ha infringido el sandinismo como corriente política en Nicaragua siguen sangrando. Mientras no nos hagamos un examen profundo sobre qué pasa en un país tan pequeño y sin sentido de identidad nacional, no podremos avanzar en una discusión que nos divide desde los años 30.
Somoza y su dinastía silenciaron la figura de Sandino durante 45 años; luego resurgió como símbolo de libertad; y ahora continúa, no bajo esa figura, sino bajo la de otra dictadura: el sandinismo, que ya lleva más de 47 años reivindicándolo como inspiración de un proceso político que solo ha dejado sufrimiento y muerte para las mayorías.
Sin embargo, sigue siendo utilizado por grandes figuras opositoras en el exterior como bandera de libertad, porque a pesar de la procedencia sandinista de muchos opositores, son vistos como los llamados a sustituir al actual poder ejercido por sus ex compañeros de lucha en los 80.
Es decir, el sandinismo de dentro, en el poder, y el sandinismo de fuera, en la oposición, siguen siendo los referentes y los representantes de lo bueno y lo malo que pasa en Nicaragua, mientras el resto de los que luchan por el establecimiento de una democracia sin apellido siguen esperando que el milagro ocurra… pero no tienen apellidos que los defiendan: siguen presos, desaparecidos, exiliados y muertos sin que sus familias puedan encontrar justicia.
