Este ensayo analiza el narcotráfico en México no solo como fenómeno criminal o económico, sino como una forma de gubernamentalidad híbrida que articula economía ilícita, legitimación cultural y producción diferencial de la muerte. A partir de una lectura situada y apoyándose en las nociones de gubernamentalidad (Foucault), hegemonía (Gramsci) y necropolítica (Mbembe), se argumenta que el crimen organizado ha logrado naturalizar su presencia mediante la combinación de coerción, consenso simbólico y administración territorial del miedo. La coexistencia entre Estado formal y estructuras criminales no implica ausencia estatal, sino fragmentación de la soberanía. El resultado es una forma de cauterización emocional colectiva que normaliza la violencia como parte del orden social.
Introducción: una escena mínima como síntoma estructural
“Si a usted su esposo la golpea, va y lo denuncia ‘al crimen’…”. La frase, pronunciada por un taxista en el pueblo donde resido en México, condensa una realidad compleja: la existencia de una autoridad que regula conductas, administra castigos y ejerce soberanía efectiva en espacios donde el Estado formal no monopoliza el poder.
La escena no revela simplemente miedo. Revela reconocimiento. Denunciar “al crimen” supone asumirlo como instancia legítima de resolución de conflictos. En esa naturalización se juega algo más profundo que la ilegalidad: se configura una forma alternativa de orden social.
El argumento central de este ensayo es que el narcotráfico en México debe comprenderse como una configuración histórica de poder que articula Estado, mercado, geopolítica y cultura. No es únicamente crimen organizado; es una forma de gubernamentalidad híbrida que ha penetrado imaginarios, economías locales y subjetividades. Su persistencia no puede explicarse exclusivamente por corrupción o pobreza, sino por la convergencia entre racionalidad neoliberal, hegemonía cultural y administración diferencial de la muerte.
I. Genealogía política del narcoestado: más allá de la narrativa de los noventa
La narrativa mediática suele ubicar el auge del narcotráfico mexicano en los años noventa, tras la caída del cartel de Medellín y la llamada “colombianización” del país. Sin embargo, investigaciones periodísticas y testimonios históricos sugieren que las raíces estructurales se remontan a la década de 1970.
En el contexto de la guerra de Vietnam, la producción de marihuana en el norte de México adquirió relevancia estratégica. La intersección entre política exterior estadounidense, demanda de estupefacientes y economías locales generó condiciones para la consolidación de redes ilícitas con protección institucional.
El asesinato en 1985 del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena evidenció la profundidad de esas conexiones. El caso Irán-Contras mostró cómo narcotráfico, financiamiento de guerras proxy y venta ilegal de armas podían converger en una arquitectura transnacional donde lo legal y lo ilegal resultaban funcionalmente complementarios.
Durante los años ochenta, México mantuvo una política diplomática de respaldo al gobierno sandinista en Nicaragua mientras internamente proliferaban denuncias sobre vínculos entre funcionarios y redes ilícitas. Esta dualidad histórica —diplomacia progresista hacia el exterior y ambigüedad interna frente al narcotráfico— sentó las bases de una soberanía fragmentada.
No se trata de afirmar un Estado totalmente capturado, sino de reconocer una relación ambivalente en la que el crimen organizado operó con márgenes de tolerancia estratégica.
II. Gubernamentalidad híbrida y poder capilar
Michel Foucault conceptualizó la gubernamentalidad como el conjunto de técnicas y racionalidades que permiten conducir conductas más allá del aparato estatal formal. El poder no se limita a la ley; circula en prácticas, saberes y dispositivos cotidianos.
En múltiples regiones mexicanas, el crimen organizado regula mercados locales, fija tarifas de transporte, impone sanciones, administra justicia informal y define reglas de convivencia. Estas funciones no eliminan al Estado; coexisten con él.
La autoridad criminal se vuelve eficaz no solo por su capacidad armada, sino porque produce orden. Un orden basado en miedo, sí, pero también en previsibilidad. En territorios donde la presencia estatal es intermitente o percibida como corrupta, la autoridad paralela puede ser vista como funcional.
La frase “denunciar al crimen” evidencia una internalización de esa gubernamentalidad. El poder se naturaliza cuando se vuelve cotidiano y cuando su ejercicio parece más inmediato que el de la institucionalidad formal.
III. Hegemonía cultural y construcción del consenso
Antonio Gramsci sostuvo que la hegemonía combina coerción y consenso. El dominio estable no depende exclusivamente de la fuerza, sino de la producción cultural que legitima determinado orden.
El narcotráfico en México no se sostiene únicamente por violencia; también produce imaginarios. La cultura popular —corridos, cine, series— ha construido la figura del narco como sujeto de éxito, lealtad familiar y ascenso económico.
La narrativa del “marginal que triunfa” opera como promesa simbólica en un contexto de desigualdad estructural. El éxito ilegal se convierte en atajo imaginado frente a la precariedad del mercado formal.
Esta construcción cultural no implica aprobación explícita del crimen, pero sí una resignificación ambigua donde el narco puede ser simultáneamente villano y héroe. La hegemonía funciona cuando el orden existente se percibe como inevitable o cuando las alternativas parecen inviables.
IV. Neoliberalismo e identidad: desplazamiento simbólico hacia el norte
La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte marcó una transformación económica y simbólica. México pasó a definirse como parte de “Norteamérica”, reforzando su integración al modelo neoliberal.
El neoliberalismo no solo reorganiza mercados; produce subjetividades. La competencia individual, la meritocracia y el éxito personal desplazan imaginarios colectivos de transformación social.
En ese contexto, la figura del narco puede leerse como empresario extremo: alguien que asume riesgos, construye redes, acumula capital y controla territorios. La ilegalidad se invisibiliza detrás de la lógica empresarial.
Simultáneamente, sectores urbanos jóvenes manifiestan una creciente identificación cultural con Estados Unidos y una desconexión con procesos latinoamericanos. Este desplazamiento simbólico coincide con la expansión mediática del narco como ícono aspiracional.
V. Necropolítica y administración diferencial de la muerte
Achille Mbembe propone la noción de necropolítica para describir regímenes donde la soberanía se ejerce mediante la capacidad de decidir quién debe vivir y quién puede morir.
En regiones atravesadas por el narcotráfico, la violencia no es indiscriminada. Se concentra en territorios empobrecidos, en juventudes precarizadas y en poblaciones racializadas. La exposición pública de la violencia funciona como mensaje disciplinario.
La necropolítica no es exclusiva del crimen organizado. La militarización de la seguridad pública y las prácticas coercitivas de fuerzas estatales generan una doble soberanía sobre cuerpos vulnerables. El ciudadano común queda atrapado entre actores que administran riesgo y castigo.
La violencia se convierte en lenguaje político. La muerte deja de ser excepción para transformarse en mecanismo de regulación territorial.
VI. Estado paralelo y soberanía fragmentada
El concepto de Estado paralelo describe estructuras que replican funciones estatales sin reconocimiento formal. En México, el crimen organizado controla rutas, mercados y mecanismos de resolución de disputas.
No se trata de ausencia estatal, sino de superposición de soberanías. El Estado mantiene su diplomacia, su sistema fiscal y su inserción global, mientras en determinados territorios comparte o disputa control con actores armados no estatales.
Esta fragmentación erosiona la noción clásica de monopolio legítimo de la violencia. La legitimidad deja de depender exclusivamente de la legalidad y se vincula a la capacidad de imponer orden.
VII. Cauterización emocional y normalización de la violencia
La expresión “todos están cauterizados emocionalmente” resume un proceso subjetivo profundo. Cauterizar implica cerrar una herida para evitar que siga sangrando. En el plano social, implica reducir la sensibilidad frente a la violencia para poder continuar viviendo.
La protesta existe, pero tiende a diluirse rápidamente. La indignación pierde continuidad. La sobrevivencia cotidiana desplaza la acción colectiva sostenida.
Esta cauterización no significa ausencia de sufrimiento; significa adaptación. La violencia crónica produce fatiga moral. La normalización se convierte en mecanismo de autoprotección.
Conclusión: desmontar la naturalización
El narcotráfico en México no es solo economía ilícita. Es una forma de gubernamentalidad híbrida que articula hegemonía cultural, racionalidad neoliberal y necropolítica.
Su persistencia no se explica únicamente por corrupción o debilidad institucional, sino por la convergencia entre poder armado, producción simbólica y administración diferencial de la vida y la muerte.
Desmontar esta estructura implica más que estrategias de seguridad. Exige reconstruir tejido comunitario, reactivar sensibilidad colectiva y disputar los imaginarios que legitiman la excepcionalidad como norma.
Mientras la sociedad permanezca cauterizada emocionalmente, la violencia seguirá integrada al paisaje cotidiano.