Cuando la verdad no basta y la ley pierde el alma
Por Douglas R. Lee
En esta Navidad, mientras millones de familias en Estados Unidos se reúnen alrededor de una mesa, una madre nicaragüense permanece encerrada en un centro de detención migratoria en San Antonio, Texas. Su nombre es Yadira Córdoba. Su delito: haber sobrevivido.
Su pecado imperdonable: decir la verdad demasiadas veces.
Yadira Córdoba no es una desconocida para la historia reciente de Nicaragua. Es madre de Orlando Córdoba, un adolescente de 15 años asesinado por la represión estatal durante las protestas cívicas de 2018. Es integrante de las Madres de Abril, una organización reconocida internacionalmente por documentar crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura Ortega-Murillo. Es una mujer forzada al exilio, primero en Costa Rica, luego hacia Estados Unidos, buscando lo más elemental: protección.
Sin embargo, hoy Yadira está presa. No en Nicaragua —donde sería un blanco fácil de la represión transnacional— sino en el país que históricamente se ha proclamado refugio frente a la tiranía.
Aquí surge la pregunta incómoda:
¿Cómo puede un sistema reconocer oficialmente que Nicaragua viola masivamente los derechos humanos y, al mismo tiempo, considerar “no creíble” a una de sus víctimas más documentadas?
El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha publicado, año tras año, informes detallados sobre ejecuciones extrajudiciales, persecución política, criminalización del duelo, represión contra familiares de víctimas y exilio forzado en Nicaragua.
Yadira Córdoba encaja —dolorosamente— en cada una de esas categorías.
Entonces, ¿qué falló?
Falló algo más profundo que un expediente.
Falló la coherencia moral del sistema.
El caso de Yadira revela una grieta peligrosa: cuando el asilo se vuelve un ejercicio de sospecha burocrática y no de protección humana; cuando la víctima debe revivir su trauma una y otra vez hasta que su dolor se vuelve “insuficiente”; cuando la verdad, repetida, deja de conmover porque ya fue archivada.
Yadira no está pidiendo privilegios.
Está pidiendo libertad.
Ha firmado una orden de deportación. Ha aceptado ser enviada a un tercer país. Ha dicho —con una dignidad desgarradora—: “Llévenme a donde sea, pero sáquenme de aquí.”
Eso no es desafío al sistema.
Eso es desesperación legítima.
Mantenerla detenida indefinidamente, sin destino claro, sin liberación, sin protección efectiva, no es justicia administrativa. Es castigo. Y el castigo, cuando se aplica a una víctima reconocida de un régimen represivo, se convierte en revictimización institucional.
Estados Unidos no puede —no debe— permitir que el mensaje sea este:
que ni siquiera perder un hijo por la represión estatal es suficiente para ser creída.
Porque entonces el asilo deja de ser un derecho y se transforma en una lotería cruel.
Este no es solo el caso de Yadira Córdoba. Es un espejo incómodo para un sistema que corre el riesgo de volverse insensible en nombre del control. La seguridad fronteriza no se fortalece encarcelando a madres en duelo. La legalidad no se defiende anulando la humanidad.
En Navidad, el lenguaje importa.
Y también las decisiones silenciosas.
A quienes hoy trabajan en ICE, en los tribunales migratorios, en el Departamento de Estado; a quienes regresan a casa y abrazan a sus hijos:
recuerden que Yadira no puede hacerlo.
Que su libertad no amenaza a Estados Unidos.
Pero su encierro sí amenaza algo más grande: la credibilidad moral del asilo político.
Liberarla, otorgarle parole humanitario, enviarla de inmediato a un tercer país seguro, no sería un gesto de debilidad, sino un acto de coherencia con los valores que este país proclama ante el mundo.
Que esta Navidad no pase a la historia como otra fecha en que se supo la verdad…
y aun así, no se hizo nada.
Fotografía: https://www.museodelamemorianicaragua.org/perfiles/orlando-daniel-aguirre-cordoba/